Crónica Roja

Una funcionaria del IFARHU y un «paisano» fueron aprehendidos por fraude en beca digital

Los allanamientos se dieron en las provincias de Panamá y Chiriquí. Estas investigaciones iniciaron desde el 2022, cuando IFARHU detectó irregularidades en un comercio con sumas superiores a doscientos dólares.


Redacción FI contacto@frecuenciainformativa.com

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática en conjunto con la Policía Nacional, en diligencia de allanamiento efectuada en las provincias de Panamá y Chiriquí, dio con la aprehensión de dos ciudadanos (una funcionaria y un comerciante asiático) por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de fraude electrónico agravado, investigación iniciada en virtud de denuncia presentada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La referida investigación inicia mediante denuncia, presentada por el IFARHU, donde ponen en conocimiento que mediante verificación rutinaria en la plataforma Cedula-D, detectan transacciones irregulares referentes a un comercio para el mes de septiembre del año 2022, estas transacciones van desde montos superiores a doscientos dólares en una sola compra y por cifras redondas, patrón que ha sido identificado en circunstancias previas.

También, indican que a través de solicitudes de información realizadas a la Autoridad de la Innovación Gubernamental (AIG), se les remite información en la que consta que bajo el usuario de una funcionaria presuntamente se efectuaron aproximadamente más de 7 mil cambios de número pin de beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), para el mes de septiembre y algunas de estas registradas en fechas no laborales.

Cabe resaltar, que luego de realizado las creaciones o modificaciones de pin de beneficiarios del Pase-U, a través del usuario de la funcionaria, posteriormente se realizaban transacciones ilegítimas en el comercio para acceder al beneficio.

Se le imputará por lo indicado en el artículo 226 del Código Penal que indica, quien, para procurarse para sí o para un tercero un provecho ilícito, altere, modifique o manipule programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos, en perjuicio de un tercero.  La sanción será de cinco a ocho años de prisión cuando el hecho sea cometido por la persona autorizada para acceder a estos.

En las próximas horas estas personas serán puestas a órdenes del Juzgado de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar.

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